"Redistribución de género, deuda de democracias latinoamericanas"
Marcela Valente entrevista a RAQUEL COELLO, asesora de ONU Mujeres

09/09/2011 - Argentina 

 

Raquel Coello, experta en presupuestos sensibles al género

BUENOS AIRES, 9 sep (IPS) - No importa cuán progresistas sean las leyes para promover la equidad entre hombres y mujeres: sin un presupuesto con mirada de género, que asigne recursos en forma diferenciada, la desigualdad va a persistir en América Latina. 

Esa es, en síntesis, la idea planteada a IPS en una entrevista por Raquel Coello, una economista española que fue hasta junio coordinadora del Programa Presupuestos Sensibles al Género (PSG) en América Latina para ONU Mujeres y que sigue asesorando al organismo en estos temas. 

Para Coello el presupuesto no es neutral y si se lo diseña y ejecuta con sensibilidad de género puede contribuir mucho a reducir la discriminación de que siguen siendo objeto las mujeres latinoamericanas, a pesar de los avances que muestran los países en la sanción de normas de igualdad. 

Cuando se celebra el jueves 15 el Día Internacional de la Democracia, instituido por las Naciones Unidas, la reflexión es que su desarrollo en la región pasa por afianzarla y darle concreción mediante iniciativas como los PSG. 

Los países comienzan a aceptar el reto, unos más que otros. En Perú y Ecuador la nueva perspectiva tiene más chances de progresar pues es liderada por los ministerios de Finanzas, que son los que están sentados sobre los recursos. 

En otros como Argentina o Bolivia se camina lenta pero firmemente en instancias municipales, no nacionales. No obstante estas diferencias, en todos los países se registra algún avance en el mismo recorrido, destacó Coello, en la entrevista. 

IPS: Las democracias latinoamericanas avanzan con normas favorables a la equidad de género y dos mujeres gobiernan las dos mayores economías sudamericanas. Pero aspectos concretos, como discriminación laboral, desigualdad en acceso al crédito o la violencia sexista se mantienen como desafíos. 

RAQUEL COELLO: Efectivamente, en casi todos los países hay planes de igualdad pero no hay un vínculo que aterrice esas políticas en la práctica. Esa es una de las razones por las cuáles surge la idea de los PSG. 

IPS: ¿Y qué es, en los hechos, un presupuesto con esa perspectiva? 

RC: En la práctica aún no existen presupuestos con perspectiva de género totalmente formulados, pero lo que hay y apoyamos mucho son iniciativas que van en busca de que los presupuestos tengan esa mirada. 

Y es que a la hora de elaborar una política pública hay que analizar qué impacto tendrá en hombres y mujeres, porque los afecta de forma diferenciada. El presupuesto es una herramienta muy importante para la redistribución y por lo tanto puede actuar también para redistribuir equitativamente entre los géneros. 

IPS: ¿Un ejemplo? 

RC: Si se diseña una política laboral habrá que considerar que la desocupación entre las mujeres es mayor que entre los hombres y poner atención a esta diferencia. 

Además, el modo de insertarse en el mercado laboral que tienen ellas es distinto porque asumen cargas no remuneradas como el cuidado de los niños. Entonces la política no puede centrarse en la creación de empleo solamente. Se debe facilitar la inserción de las mujeres a través de servicios de cuidados infantiles. 

IPS: ¿Esto pasaría por contemplar el aporte de trabajo no remunerado que hacen ellas? 

RC: Exacto. Existe una cantidad de trabajo no remunerado que está siendo realizado mayoritariamente por mujeres. La sociedad en su conjunto requiere de ese trabajo que debe ser repartido entre hombres y mujeres dentro del hogar y entre el Estado y el sector privado mediante servicios públicos o guarderías. 

Si no, vamos a tener un programa de empleo estupendo al que muchas mujeres no podrán acceder. 

IPS: ¿Cuáles son los países de la región que más han avanzado en los PSG? 

RC: En todos los países hay alguna iniciativa. En algunos hay avances a nivel local, por ejemplo en (la ciudad centro-oriental de) Rosario, Argentina, donde habían tenido un gran desarrollo previo en lo que es el presupuesto participativo. 

IPS: ¿Y algún país que haya avanzado a nivel nacional? 

RC: Las experiencias de Ecuador y Perú se destacan porque las lideran ministerios de Finanzas y a la hora de hablar de presupuesto, la institución que manda o que tiene más poder de decisión es la que tiene el dinero. 

En estos países se avanzó sobre cómo incluir la mirada de género al presupuesto y cómo visibilizar los recursos para la equidad, porque los sistemas contables del presupuesto están pensados para otro tipo de seguimiento. 

Ecuador creó un sistema que visibiliza cuál es el gasto que se está destinando a la igualdad de género para que se le pueda dar seguimiento. 

IPS: ¿Y estos cambios redundaron en una menor brecha de género? 

RC: No se puede establecer aún un vínculo directo entre el PSG y la reducción de la violencia de género o la mortalidad materna, pero estos mecanismos sí muestran que las cantidades destinadas a esos temas son muy inferiores a lo que se requiere. Entonces, si los recursos son escasos, habrá que establecer prioridades. 

IPS: ¿Bolivia también hizo progresos en esta materia? 

RC: Sí, ahí se aprobó una ley que obliga a los municipios a asignar recursos para la equidad de género y las organizaciones de mujeres aprovecharon a hacer propuestas a nivel local y a vigilar que eso se cumpla, es decir que la partida se ejecute. 

IPS: ¿Puede haber asignaciones presupuestarias para las mujeres que, en lugar de promover la equidad, refuercen los estereotipos? 

RC: Claro. Por eso preferimos no mirar la asignación en sí. Porque a veces esa partida no resulta un aporte para reducir la brecha de género. Por ejemplo, muchos programas de protección social en América Latina transfieren ingresos a los más pobres y los canalizan a través de las mujeres. 

Esto puede ser beneficioso para la familia pero si el beneficio fue pensado para los niños no contribuye a reducir la brecha de género. 

Si además se condiciona la transferencia a que los niños estén vacunados o vayan al control médico se incrementa la carga de trabajo no remunerado que recae sobre ellas. O sea es un gasto asignado a la mujer pero que no la beneficia. 

En cambio hay gastos no etiquetados para mujeres pero que sí van a favor de la igualdad. Por ejemplo las campañas para erradicar la violencia de género o para fomentar la corresponsabilidad del trabajo doméstico, son gastos de difusión pero que a ellas las beneficia y contribuyen a reducir la desigualdad. 

IPS: Volviendo al comienzo ¿se puede decir que la perspectiva de género resulta un requisito imprescindible para una verdadera democracia? 

RC: La igualdad de género es una parte inherente del desarrollo. Una sociedad no puede desarrollarse si solo progresa la mitad de su población. La democracia debe asegurar la redistribución justa de sus recursos. 

Lo tenemos claro a la hora de pensar la redistribución de recursos a nivel social. El que tiene más paga más y con esos ingresos se financian bienes públicos para quienes tienen menos. 

Esto mismo debe aplicarse a la redistribución de género. Eso es algo que debemos abordar si queremos vivir en una democracia donde todos tengan acceso a iguales oportunidades.(FIN/2011) 

Para mayor información: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99084 


 

Faltan datos sobre el trabajo doméstico

13/07/2011 - Argentina 

 

Los informes del Ministerio de Trabajo se interrumpieron en agosto del 2010. Se presume que el sector es uno de los fuertes componentes del 38,5 % de empleo no registrado que tiene la provincia. En agosto del año pasado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia registró un pico mensual de 609 empleados domésticos registrados lo que llevó la cifra a 19.404 blanqueos tras una fuerte campaña de difusión sobre las ventajas -tanto para empleador como trabajador- de la inscripción legal.

La campaña sobre “trabajo decente para las trabajadoras domésticas" había sido lanzada el 8 de marzo del año pasado en ocasión del Día Internacional de la Mujer y el principal objetivo fue promover la registración del personal doméstico -blanqueo laboral-, a través de un mensaje sobre los beneficios que para las partes implica acogerse al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (ley 26.063), a través de un simple trámite administrativo y un bajo costo. 

La primera medición del impacto de la campaña se difundió en agosto (con información actualizada al mes de mayo); la segunda medición se publicó en octubre (con información actualizada a julio); y la tercera medición se realizó en noviembre con información actualizada a agosto del 2010. Después, el ministerio interrumpió los informes y ante la consulta de El Litoral se indicó que Afip dejó de enviar la información que la cartera laboral obtenía del procesamiento del formulario 1021 y el formulario virtual 102 provistos por ese organismo. 

La falta de estos informes oficiales es coincidente con la difusión de desagregados de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Indec y según la cual la provincia de Santa Fe tiene un 38,8 % de empleo no registrado y la sospecha que el trabajo doméstico es uno de los componentes esenciales de ese porcentaje. 

El último informe
El Ministerio de Trabajo informó sobre fines del 2010 que en agosto se verificó el pico histórico de empleo doméstico registrado mensualmente en la provincia de Santa Fe, alcanzando a 609 y una cifra acumulada de 19.404. 
En el segundo trimestre de 2010 -primer período trimestral posterior al lanzamiento de la campaña- se constató el valor más alto de la serie histórica trimestral, alcanzando a 1.270 nuevos trabajadores registrados, un 62,8 % superior a los empleos registrados en idéntico trimestre del año 2009. 

En el tercer trimestre de 2010, se registraron 1.076 nuevos empleados, un 82,7 % más que los registrados en el mismo trimestre del año anterior. 
La serie mensual de nuevos empleos registrados en el trabajo doméstico, desde enero a agosto de 2010, comparado con los mismos meses del año anterior mostró un sostenido crecimiento a partir de marzo en que se lanzó la campaña, a saber: en enero, febrero y marzo el crecimiento fue del 11,1 %; 35,6 % y 37 %, respectivamente; a partir de abril y hasta junio, el incremento superó el 50 % (50,5 %; 67,5 % y 62,7 %, respectivamente); mientras que en los dos últimos meses analizados -julio y agosto-, el incremento superó el 80 % (85,3 % y 84,5 %, respectivamente). 

Estos datos surgieron de un procesamiento especial de Afip para el Ministerio santafesino toda vez que no hay un registro de empleados domésticos y proviene de los registros de recaudación. 

El Ministerio de Trabajo indicó que las datos no son comparables con los provistos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-Indec), por las siguientes razones: 

* El registro de recaudación del F102 de Afip sólo capta el empleo registrado (con aportes), en cambio la EPH registra a todas las personas mayores de 12 años que hayan trabajado al menos una hora en la semana de referencia (es decir, que incluye trabajadores informales). 
* La Afip toma como insumo la presentación de los formularios 1021 y 102 por parte de los empleadores. En cambio, la EPH es una encuesta levantada en hogares. 
* A partir de dicho formulario, la Afip registra la localidad y provincia del empleo a partir del domicilio de registro del Cuil del empleado, en cambio, la EPH determina la localidad a partir del lugar de residencia (domicilio del hogar encuestado). 
* Por último, la EPH sólo aplica para grandes aglomerados urbanos (Gran Santa Fe y Gran Rosario), mientras que los datos de recaudación de aporte para la seguridad social de los empleados domésticos de Afip es provincial. 

En el ministerio se señaló que dadas características de la fuente de información utilizada (la única disponible que permite captar el registro del empleo doméstico registrado) y las diferencias metodológicas con la EPH, no es posible estimar el universo total de empleados domésticos en la provincia de Santa Fe, sino sólo los registrados ante el ente recaudador. 

Los avances legales
El régimen o estatuto especial de trabajo doméstico data del año 1956.En diciembre de 1999 se verificó el primer avance con el dictado de la ley 25.239, que incluía esta actividad en el régimen de la seguridad social. El impacto de este primer avance legal, se observa en el año 2000, específicamente en los meses de abril y mayo, registrando en ese año a 969 empleados en servicio doméstico de la provincia. 

Desde fines de 2005 a través del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley 26.063 -BO: 9/12/2005), se implementa el sistema de registración laboral mediante un sencillo trámite ante la Afip que incluso puede hacerse por Internet y a un bajo costo. A partir de esta norma, se actualizan los montos de los aportes, se reformula el formulario virtual de registro Nº 102 y se permite desgravar del impuesto a las ganancias a los dadores de trabajo o empleadores casi todo el monto de la remuneración otorgada al empleado. El impacto de este segundo avance legal se observa en el año 2006 donde se registran en promedio a 283 empleados por mes, sumando un total anual de 3.288 empleados. 

Fuente: El Litoral 

Para mayor información: http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/07/13/politica/POLI-04.html 


 

Debate por la ley de servicio doméstico

22/05/2011 - Argentina 

 

El gremio dice que el aporte subirá de $ 95 a 120, un 26%, pero abogados prevén un impacto mayor.

El proyecto de ley que modifica las condiciones para la contratación de personal doméstico ya genera polémica. Pues si bien fue aprobado por la Cámara de Diputados y probablemente sea tratado en los próximos días en el Senado, existen diferentes interpretaciones sobre el impacto que las modificaciones podrían tener para el bolsillo del empleador. 

Desde el Sindicato de Personal de Casas Particulares aseguran que el incremento de costos del nuevo régimen será acotado. "No es que decimos que no va a haber algún costo, sino que va a ser un costo acotado. Por ejemplo, si la ley o el proyecto agrega la obligación de contratar una ART, ese valor es agregado al que actualmente se abona. Pero lo que estimamos entre 20 y 25 pesos mensuales, no más", explica Carlos Brassesco, apoderado de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). 

El proyecto, que busca modificar el estatuto que rige desde 1956, contemplará a todas las empleadas domésticas, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. Y establece, entre otros cambios, que en el caso de empleadas con cama o por hora la jornada de trabajo no podrá exceder las ocho horas diarias o 48 semanales (puede establecerse una distribución semanal desigual, pero que nunca supere las nueve horas diarias de trabajo); fija vacaciones de entre 14 y 35 días corridos, según la antigüedad; incorpora una licencia paga por enfermedad (de entre tres y seis meses, cuando la antigüedad sea mayor a 5 años) y licencias especiales (por nacimiento de hijo, matrimonio, fallecimiento del cónyuge, de hijos, de padres o de hermano o por rendir examen). Además, contempla una licencia por embarazo paga por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incrementa la indemnización por despido de medio sueldo a uno entero por año trabajado y exige la contratación de una ART por parte del empleador. 

Pero los puntos que crean interpretaciones contradictorias entre los especialistas del sector son el de los aportes patronales y contribuciones, y el que establece la confección de un recibo de sueldo con duplicado. Hoy, para cumplir con el formulario 102 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el empleador paga una suma fija de $ 95, siempre que la empleada trabaje cuatro días a la semana y cuatro horas en cada caso, o más. En tal sentido, según Brassesco, el proyecto no prevé cambios en este esquema, dado que de otra manera "habría que derogar el título 18 de la ley 25.239, y en ninguna parte lo dice". "Sí va a haber aportes y contribuciones, pero en suma son los mismos 95 pesos de hoy, de los cuales 60 van a la obra social y 35 pesos se deducen del salario para destinarlos a la seguridad social." 

Aunque para la abogada laboralista Gabriela Narvaiza de Yofre, "si bien el proyecto de ley no habla de un aporte puntual, de la confección del recibo de sueldo se infiere que va a haber descuentos, con aportes y contribuciones en función de un porcentaje, al igual que la ley de contrato de trabajo".

Los artículos 16 y el 17 del proyecto definen cómo debe elaborarse el recibo de sueldo -deberá confeccionarse en duplicado- y establecen una serie de requisitos adicionales, como que se incluya en él "el importe de las deducciones, embargos y demás descuentos que legalmente correspondan y constancia de inscripción ante los órganos respectivos". Brassesco asevera: "Así como llenan el recibo debajo del formulario 102, se puede comprar un recibo que venden en una librería y cualquiera lo puede llenar a mano".

Será cuestión de esperar la versión definitiva de la ley, y su posterior reglamentación. 

NUMEROS OPUESTOS 

26% 

Es lo que aumentará el aporte a la seguridad social, en caso de sancionarse la ley, según el sindicato. 

40% 

Es el aumento al que llegaría el costo total, en relación a lo que ahora se paga entre sueldo y aporte. 

Florencia Donovan 
Fuente: LA NACION

Para mayor información: http://www.lanacion.com.ar/1375052-debate-por-la-ley-de-servicio-domesticonumeros-opuestos


 

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